La ponencia sobre la ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario ha finalizado este martes sin que los grupos hayan logrado consensuar una redacción definitiva para delimitar la retroactividad de la norma y, de esta manera, garantizar que no se desbloquean los procedimientos de ejecución hipotecaria que se encuentran paralizados a la espera de una decisión de la Justicia europea.

El trámite de la ponencia ha finalizado, por lo tanto, sin un consenso claro, pero, según fuentes de la Comisión de Economía, con el suficiente acuerdo para que salga adelante. El órgano votará la redacción de la norma la semana que viene junto a las enmiendas que lleguen vivas, y que representan precisamente el desacuerdo de los grupos en varios puntos de la ley.

El de la retroactividad es uno de los asuntos que más revuelo ha causado en la ponencia, tanto que ha llegado a retrasar el acuerdo varias semanas. Cuando se inició el trámite, desde Unidos Podemos se advirtió de que la nueva ley hipotecaria incluía una disposición (que recoge las nuevas condiciones en el vencimiento anticipado) que podía abrir la puerta a los desahucios paralizados a la espera de varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El PSOE redactó un texto para que en la norma se incluyera una limitación concreta a la retroactividad en su aplicación.

El objetivo de esa aclaración era dejar constancia de que la ley no afectaría a los procedimientos judiciales abiertos sobre ejecuciones hipotecarias. Sin embargo, el texto, tras varios intentos, no ha logrado obtener un consenso. Los grupos esperaban cerrar el trámite de la ponencia la pasada semana, pero debido al desacuerdo en el asunto de la retroactividad, entre otros, finalmente no se ha cerrado hasta este martes, y lo ha hecho sin un acuerdo claro.

Las fuentes presentes en el órgano aseguran que el consenso está prácticamente garantizado, pero que hay una serie de «matices» que responden más a «una cuestión de estilo» que al hecho de que no compartan la necesidad de evitar el desbloqueo de los desahucios: «Todos estamos de acuerdo en limitar la retroactividad, la cuestión es cómo queda redactado eso», aseguran estas mismas fuentes.

Limitar las comisiones por cancelación anticipada

Más allá del asunto de la retroactividad, la comisión sí que ha cerrado algunas cuestiones que quedaban pendientes en redactado de la ley, como las que hacen referencia a la cancelación anticipada de hipotecas o a la subrogación entre entidades financieras.

Respecto a las amortizaciones, los grupos han acordado bajar las comisiones que se le cobran al cliente en caso de que cancelen de forma anticipada una hipoteca, y que varían en función de si es de tipo fijo o variable. Para las de tipo variable se contemplaba eliminarlas con un coste máximo del 0,50% a partir del tercer año y con un 0,25% a partir del quinto. En la nueva ley se establecen estos límites en el 0,15% y en el 0,25%, para el quinto y el tercer año, respectivamente.

Para las hipotecas de tipo fijo, su cancelación tendrá un coste máximo del 2% durante los diez primeros años y del 1,5% a partir del décimo año. En este caso, se han reducido a la mitad los costes contemplados en el texto original de la ley, antes de pasar el trámite de ponencia.

Los grupos también han acordado repartir los costes de la subrogación de hipotecas entre entidades en base a los intereses cobrados. Algunas formaciones políticas temían que, si el banco iba a asumir a partir de la entrada en vigor de la norma la mayoría de los costes de constitución de una hipoteca (todos menos los de tasación), esto podría afectar a las operaciones de subrogación  de cambio de titularidad de las hipotecas entre entidades, ya que a su juicio se produciría una «desigualdad» a la hora de asumir los costes.

De esta manera, se establece un equilibrio proporcional entre la entidad subrogante y la subrogada, es decir, que si han transcurrido 5 años desde la firma de la hipoteca y todavía le quedan otros 15 años de vida, se calcula proporcionalmente los intereses cobrados y los que quedan por pagar como criterio proporcional de reparto de los gastos, y no los meses transcurridos o pendientes que le queden a la operación. La entidad que se subroga va a tener que compensar a la subrogante por los gastos que asumió la primera y no asumió la segunda para, afirman fuentes de la comisión, «garantizar una competencia efectiva«. Sin embargo, esta medida solo afecta a las operaciones entre los bancos, y en principio no tiene ningún efecto en la relación entre entidad y cliente.

Votación del texto y enmiendas

La semana que viene la comisión celebrará una nueva sesión donde se votarán las enmiendas que lleguen vivas y el texto que sale de la ponencia, y, una vez aprobado, irá, al menos esa es la intención de los grupos, al último Pleno del año. Tras esto, la ley pasará al Senado (previsiblemente al primer Pleno del año, en febrero), que tiene 20 días para resolver el procedimiento, ya que el Gobierno ha solicitado que la ley sea tramitada de forma urgente.

Desde Unidos Podemos ya han avanzado que no apoyarán el texto redactado en la ponencia y que presentarán sus propias enmiendas en la siguiente reunión. La negativa de los de Iglesias llega, entre otras cuestiones, porque la norma no contempla limitar la responsabilidad patrimonial del consumidor al importe del bien hipotecado en caso de impago. El grupo confederal había propuesto la dación en pago como medida de protección al consumidor en estos casos, pero fue rechazada durante el trámite de ponencia. «Nosotros creemos que el texto no responde a las necesidades que tiene la población. No viene reflejada la responsabilidad del bien hipotecado y nos gustaría que recogiera un mecanismo de protección a las personas que no puedan pagar por causas ajenas a su voluntad, que hubiera mecanismos distintos a la ejecución hipotecaria», ha asegurado el diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral a la salida de la reunión.

El PSOE ha admitido que el texto final no es el que les gustaría, pero representa «una mejora notable con respecto a la legislación actual, además de una obligación del Estado». El diputado socialista Gonzalo Palacín ha recordado que el proyecto de ley surge ante la necesidad del Estado de transponer una directiva europea, y que España «ya lleva más de dos años de retraso».