Los juzgados especializados reducen por primera vez su carga de trabajo; casi el 97% de los procesos se resuelven a favor del cliente

La Justicia española ha logrado reducir los casos pendientes por cláusulas abusivas, pero todavía quedan por resolver más de 250.000 litigios. Esa es una de las principales conclusiones de una estadística facilitada este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que hace referencia a la actividad de los juzgados especializados en este tipo de procesos durante el segundo trimestre del año.

Así, los 255.247 asuntos que había pendientes a 30 de junio de 2019 suponían un 2,25% menos que los 261.122 con los que acabó marzo. Eso quiere decir que por primera vez desde junio de 2017, cuando se pusieron en marcha este tipos de juzgados especializados, el número de casos resueltos en un trimestre (38.521) ha superado al número de nuevos litigios que han entrado (32.538).

En total, con todos los asuntos presentados desde junio de 2017, la Justicia ha resuelto ya un 41,3% de los casos. Eso se traduce en 143.622 sentencias dictadas, y en un 96,7% de los casos estas fueron estimatorias, es decir, dieron la razón al cliente hipotecario en que su contrato contenía una cláusula abusiva.

El CGPJ destaca que la mejora del segundo trimestre se ha producido de manera homogénea en todas las comunidades autónomas. Sin embargo, la estadística todavía presenta diferencias entre territorios que puede explicarse por la diferente carga de trabajo de los tribunales. Así, mientras en Asturias se han resuelto un 86,7% de los casos presentados desde el inicio, en Cataluña esa tasa de resolución se reduce al 23,8%. Otros dos de los grandes mercados autonómicos, Madrid y Andalucía, también quedan muy lejos de la media española, con tasas de resolución del 29,8% y el 30,5% respectivamente.

Una medida criticada

La decisión de concentrar todos los casos de cláusulas abusivas en 54 tribunales de primera instancia repartidos por las 50 provincias españolas (algunas insulares tienen más de uno) fue criticada en su día por las asociaciones profesionales y de consumidores. El CGPJ alegó que la concentración era una manera de no colapsar todos los juzgados ya que se esperaba una avalancha de demandas a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligaba a la banca a devolver todo el dinero cobrado de más por las cláusulas suelo (unas salvaguardas consideradas abusivas por la justicia ya que impedían que los intereses de los préstamo variable bajaran lo mismo que el euríbor o el índice al que estuvieran referenciadas).

La esperada oleada de demandas se produjo y, tal y como preveían sus críticos, los juzgados especializados se saturaron. En su primer mes de vida acumularon 12.540 demandas y el volumen no dejó de crecer, trimestre tras trimestre, hasta las más de 260.000 que se registraban a finales del pasado marzo. La estadística del segundo trimestre supone por tanto el primer respiro para estos órganos de justicia. Pese a ello, los sucesivos varapalos de la justicia europea a la normativa hipotecaria española, con asuntos aún por resolver como el de los préstamos referenciados al IRPH, apuntan a nuevos picos de litigiosidad en el futuro.